En el Senado comenzó uno de esos procesos que, aunque parezcan lejanos o muy técnicos, terminan marcando qué tan bien funciona la justicia en el país. Se trata de la elección de la nueva persona que encabezará la Fiscalía General de la República, un puesto que no solo lleva sello institucional, sino que carga con la responsabilidad de asegurar que la ley se aplique sin presiones, sin favoritismos y sin miedo.
Desde la Cámara de Diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, lanzó un mensaje que varios recogieron como advertencia y llamado a la seriedad. Dijo que esta decisión no es de trámite, sino de Estado. Y tiene razón: quien llegue a la FGR será la persona encargada de que cualquier víctima, sin importar su origen o condición, tenga acceso a la justicia y no se quede sola cuando enfrenta un delito.
Explicado en palabras simples, el Senado está a punto de seleccionar al árbitro más importante del sistema de procuración de justicia. Alguien que debe ser totalmente independiente del gobierno, capaz de investigar sin presiones y con el profesionalismo suficiente para sostener casos fuertes ante los tribunales. En un país donde la violencia y la impunidad siguen siendo heridas abiertas, esta elección no puede ser por cuotas, amistades o cálculos políticos.
López Rabadán insistió en que todo el proceso debe escucharlo todo mundo: especialistas, víctimas, organizaciones y la sociedad. Y es que si algo ha demostrado la experiencia mexicana, es que cuando se elige en lo oscurito, lo que menos se garantiza es justicia. El país necesita a una Fiscalía que sí funcione, que sí proteja y que sí investigue, no una institución atrapada en intereses políticos.
Por eso, lo que ocurra en estos días en el Senado no solo es un trámite legislativo; es una prueba de qué tanto está dispuesto el Congreso a tomarse en serio la construcción de un país en paz y con un sistema de justicia que realmente le sirva a la gente.