Por Bruno Cortés
El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó evidencia documental que vincula a la empresa Maytrack S.A. de C.V. —propietaria del terreno en Reynosa, Tamaulipas, donde se decomisó una refinería clandestina con casi cuatro millones de litros de combustible robado— con la administración estatal del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los registros oficiales revelan que dicha compañía obtuvo asignaciones presupuestales por un monto total de 208 millones 1 mil 211 pesos con 90 centavos entre los años 2017 y 2019.
El desglose financiero expuesto por el legislador detalla que las transferencias de recursos públicos se realizaron mediante contratos adjudicados por la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas. En el ejercicio fiscal 2017, Maytrack recibió tres contratos por pavimentación, conservación y rehabilitación de caminos en Altamira, San Fernando y Soto la Marina que sumaron 27.6 millones de pesos.
Para el año 2018, la firma acumuló licitaciones por 180.3 millones de pesos destinados a la terminación de una estación naval en Camargo, así como obras de reencarpetado y alumbrado en Mier, Guerrero y San Fernando. Gutiérrez Luna señaló que estas licitaciones fueron operadas directamente por Reynaldo Garza Gómez, entonces subsecretario de Servicios Técnicos y Proyectos de la dependencia estatal.
Explicado en términos sencillos para la ciudadanía, las políticas de contratación pública son las reglas que determinan cómo el gobierno gasta el dinero cobrado a través de impuestos. Cuando una empresa constructora recibe millones de pesos del erario para pavimentar calles y tiempo después en sus terrenos se descubre una planta ilegal de refinamiento de gasolina, el mecanismo de fiscalización muestra una falla grave en el control del gasto estatal.
El negocio del tráfico ilegal de hidrocarburos, conocido popularmente como huachicol, no solo desvía recursos fiscales que deberían invertirse en escuelas, hospitales o transporte público, sino que altera la economía formal. La circulación de combustible robado distorsiona los precios del mercado energético, reduce la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y despoja al Estado de capital de inversión productiva.
La investigación expuesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro demuestra cómo las partidas asignadas a obra pública regional pueden terminar vinculadas a infraestructuras dedicadas al crimen organizado. El seguimiento de estas facturas permite rastrear si los fondos asignados para mejorar carreteras en municipios fronterizos terminaron alimentando redes de extracción ilegal de hidrocarburos.
El expediente presentado ante los medios de comunicación por Sergio Gutiérrez Luna se integrará a las denuncias promovidas sobre el desvío de recursos en el estado de Tamaulipas. La fiscalización del dinero asignado a la empresa Maytrack queda ahora en manos de las autoridades ministeriales y la Secretaría de la Función Pública para deslindar responsabilidades penales y administrativas.