El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este jueves la inclusión de altos mandos y familiares del gobierno cubano en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La medida impacta directamente al presidente Miguel Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta Peraza, a su hijastro Manuel Anido Cuesta —radicado en Madrid— y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.
La disposición prohíbe cualquier tipo de transacción comercial o financiera con los sujetos mencionados, además de congelar la totalidad de sus activos bajo jurisdicción estadounidense. La medida se extiende a instituciones estratégicas como el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), elementos clave en la estructura de control interno.
Dentro del pliego de sanciones, también se encuentran entidades comerciales y sociales. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la empresa minera La Victoria y la agencia de viajes Amistur han sido restringidas, limitando drásticamente su capacidad de operar en mercados internacionales que tengan vínculos con el dólar estadounidense.
Este despliegue se suma al bloqueo petrolero implementado desde principios de año por la administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Los datos económicos sugieren que la escasez de combustible ha reducido la actividad industrial en la isla en un 30% durante el último trimestre.
El Departamento de Justicia ha intensificado la presión legal mediante una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, incidente que resultó en la muerte de cuatro personas. Este antecedente judicial complica cualquier intento de negociación diplomática convencional entre ambos países.
Fuentes cercanas al proceso indican que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias «El Cangrejo», ha sido el enlace en los canales de comunicación discretos entre Washington y La Habana. A pesar de estos contactos, el gobierno estadounidense mantiene su postura de presión máxima sobre la isla.
El gobierno cubano ha calificado estas acciones como una preparación para una posible agresión militar. Mientras tanto, la administración en Washington sostiene que las sanciones son herramientas indispensables para forzar una transición política y económica en el territorio caribeño.