La acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra diez funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, emitida el 29 de abril de 2026, registra al 19 de mayo un balance operativo de dos exmandatarios bajo custodia internacional, tres servidores públicos con separación temporal del cargo y un legislador federal en funciones. Los cargos fincados en el Distrito Este de Nueva York contemplan conspiración para la importación de narcóticos, cohecho y delitos vinculados a armas de fuego de uso exclusivo militar, cuyas penalizaciones oscilan entre un mínimo de 40 años de prisión y la cadena perpetua.
En el despliegue de las detenciones, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, fue arrestado en el estado de Arizona entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, para posteriormente ser presentado ante una corte federal neoyorquina. El expediente judicial detalla que el exmando militar recibía un estipendio mensual de 100,000 dólares estadounidenses por parte de la facción delictiva conocida como «Los Chapitos», destinado a garantizar la protección institucional y la operatividad vial para el traslado de sustancias químicas.
Por su parte, el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregó a las autoridades federales de los Estados Unidos el 15 de mayo de 2026 tras ubicarse temporalmente en territorio europeo. Los registros de la fiscalía estadounidense señalan a Díaz Vega como el operador financiero principal de la red, encargado de estructurar los mecanismos de blanqueo de capitales mediante la adquisición directa y al contado de bienes inmuebles en el noroeste de México.
La auditoría forense aplicada al patrimonio de Díaz Vega documenta que entre 2020 y 2021 el exfuncionario consolidó la propiedad de 12 inmuebles de alta plusvalía, tasados en un valor global de 47.2 millones de pesos mexicanos. Diez de estas transacciones inmobiliarias se ejecutaron mediante operaciones en efectivo realizadas a favor de dos firmas comerciales de las cuales el propio exsecretario figuraba como socio principal y fundador.
El impacto administrativo en el Poder Ejecutivo local derivó en la solicitud y obtención de licencias temporales ante el Congreso del Estado de Sinaloa por parte del gobernador Rubén Rocha Moya, el 2 de mayo de 2026, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. La conducción del gobierno estatal quedó formalmente delegada a la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió la gubernatura interina de la entidad federativa tras la aprobación unánime del dictamen legislativo.
En el ámbito del Poder Legislativo, el senador por el partido Morena y exsecretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, permanece en funciones ordinarias dentro de la Cámara Alta. A pesar de figurar en el pliego de consignación criminal del Departamento de Justicia, Inzunza Cázarez no cuenta con orden de aprehensión ejecutada en territorio nacional ni se ha tramitado un proceso de desafuero legislativo para suspender su inmunidad constitucional.
Los cuatro perfiles restantes que completan la lista de diez acusados —el vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra, el exdirector de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito— carecen de registros de detención vigentes. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al congelamiento precautorio de las cuentas bancarias ligadas a estos exfuncionarios, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en análisis las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por Washington.