Demandas, denuncias y sanciones contra comunicadores elevan el costo de informar y abren debate sobre censura judicial.
En México, el uso de demandas civiles, denuncias penales, procedimientos electorales y sanciones administrativas contra periodistas y medios se ha consolidado en los últimos seis años como una forma de presión sobre el trabajo informativo. El fenómeno, documentado por organizaciones de defensa de la libertad de expresión, afecta a comunicadores que investigan corrupción, decisiones de gobierno, procesos electorales, redes de poder y actuaciones de funcionarios públicos.
Entre 2020 y 2025, los casos de acoso judicial contra periodistas tuvieron distintas rutas: demandas por daño moral, denuncias por supuesta difamación, investigaciones penales, quejas por violencia política de género, órdenes de retiro de contenido y medidas cautelares para impedir nuevas publicaciones. En buen chilango, el pleito ya no sólo se da en la calle o en redes: también se está jugando en juzgados, fiscalías y tribunales.
De acuerdo con registros especializados, ARTICLE 19 documentó 39 casos en 2020, 40 en 2021, 32 en 2022, 22 en 2023, 21 en 2024 y 51 sólo entre enero y julio de 2025. Este último dato encendió las alertas porque, en siete meses, la cifra ya había superado los registros anuales previos. La tendencia muestra que el uso de vías legales contra comunicadores no es un hecho aislado, sino una práctica cada vez más visible.
Uno de los cambios más relevantes es el crecimiento de los procedimientos electorales. En 2025, una parte importante de los casos se canalizó por esa vía, especialmente bajo argumentos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Esa figura fue creada para proteger derechos políticos de las mujeres, pero organizaciones civiles han advertido que en algunos expedientes se ha utilizado para pedir el retiro de publicaciones, sanciones contra periodistas o restricciones futuras al trabajo informativo.
El problema no se limita a una entidad. En 2025 se ubicaron procesos en 17 estados, con mayor concentración en Veracruz, Ciudad de México y Jalisco. En años anteriores también destacaron casos en Puebla, Yucatán, Sinaloa, Campeche, Tamaulipas y Veracruz. La dispersión territorial indica que el fenómeno no depende sólo del poder federal, sino también de gobiernos estatales, autoridades locales, candidaturas, partidos y actores privados con capacidad económica o política para litigar.
Entre los casos emblemáticos aparecen las demandas contra e-consulta en Puebla, los litigios derivados del caso Sergio Aguayo, las acciones contra Ríodoce y Quinto Elemento Lab, los procesos contra Hernán Gómez Bruera y Penguin Random House, así como los casos de Héctor de Mauleón, Arturo Arellano y Jorge Luis González, del medio Tribuna, en Campeche. Cada expediente tiene características propias, pero todos muestran una constante: el proceso legal puede convertirse en castigo aun antes de que exista una sentencia definitiva.
El caso de Campeche es uno de los más delicados por las medidas impuestas contra el periodista Jorge Luis González y el medio Tribuna. En ese expediente se documentaron acciones civiles, penales y electorales, además de medidas relacionadas con el cierre del portal, restricciones para ejercer el periodismo y revisión previa de publicaciones. Para organizaciones defensoras de la libertad de expresión, este tipo de decisiones se acerca a la censura previa, prohibida en un sistema democrático.
El uso del aparato judicial contra periodistas afecta la libertad de expresión porque eleva los costos de informar. Un comunicador demandado debe pagar abogados, acudir a audiencias, responder requerimientos, enfrentar desgaste emocional y dedicar tiempo a defenderse en lugar de investigar. En medios pequeños, ese costo puede significar dejar de publicar, retirar notas o evitar temas incómodos. Ahí aparece la autocensura: no porque falten historias, sino porque publicarlas puede salir demasiado caro.
La afectación también alcanza a la ciudadanía. Cuando un periodista deja de cubrir contratos públicos, campañas electorales, corrupción, abuso de poder o decisiones judiciales por miedo a una demanda, la sociedad pierde información útil para tomar decisiones. La libertad de expresión no protege únicamente al periodista que escribe o al medio que publica; protege el derecho de la gente a saber qué hacen quienes tienen poder.
En una democracia, los funcionarios, candidatos y figuras públicas están sujetos a mayor escrutinio. Eso no significa que los periodistas puedan publicar sin responsabilidad, pero sí implica que las vías legales no deben usarse como garrote para frenar investigaciones o columnas de interés público. La crítica, la investigación y la opinión documentada forman parte del debate democrático, aunque incomoden a quien está sentado en la silla del poder.
El riesgo de este fenómeno es que el sistema judicial deje de ser un espacio para resolver conflictos legítimos y se convierta en una herramienta de intimidación. Cuando una demanda busca corregir información falsa, debe seguir cauces proporcionales. Pero cuando se usa para asustar, desgastar, retirar contenidos o mandar el mensaje de “no te metas con este tema”, el efecto rebasa al periodista demandado y golpea al ecosistema informativo completo.
Los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión establecen que las restricciones al periodismo deben ser excepcionales, proporcionales y claramente justificadas. La censura previa, las órdenes generales de no publicar, las sanciones desmedidas y las demandas con fines intimidatorios chocan con esos principios. Por eso, organizaciones como ARTICLE 19, CPJ, RSF, UNESCO y especialistas en derechos humanos han advertido sobre el crecimiento de las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública, conocidas como SLAPP.
Frente a este panorama, especialistas han planteado la necesidad de crear mecanismos legales contra litigios abusivos, revisar delitos contra el honor todavía vigentes en algunos estados, capacitar a jueces y tribunales electorales en libertad de expresión, y garantizar defensa legal para periodistas sometidos a procesos judiciales derivados de su trabajo. También se ha señalado la urgencia de contar con un registro nacional público que permita saber cuántos casos existen, en qué estados se concentran, quiénes promueven las acciones y cómo terminan.
El debate de fondo no es si los periodistas están por encima de la ley. No lo están. El punto central es si la ley se utiliza para proteger derechos o para callar información incómoda. En un país donde la violencia contra la prensa sigue siendo una realidad, sumar presión judicial al trabajo informativo reduce la pluralidad, empuja la autocensura y debilita los contrapesos que toda democracia necesita para no quedarse a oscuras.