El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la respuesta formal de Washington a la nota diplomática de extrañamiento enviada por el gobierno mexicano. El documento emitido por el Departamento de Estado norteamericano responde a las exigencias federales sobre el ingreso ilegal y la posterior operación terrestre de una célula táctica de la CIA en el estado de Chihuahua durante el mes de abril de 2026.
La nota de respuesta de Washington contiene un compromiso explícito por parte del gobierno estadounidense para sujetar sus mecanismos de cooperación técnica a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes en Washington, Michael McCaul, desestimó públicamente el reclamo del ejecutivo mexicano, calificando las protestas de la presidenta Claudia Sheinbaum como retórica de consumo interno.
La controversia bilateral escaló al terreno judicial tras la apertura de expedientes penales en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por parte de la DEA, dirigidos contra el núcleo político del partido gobernante en Sinaloa. Las acusaciones formales señalan directamente al senador de la República por Morena, Enrique Inzunza Cázarez, así como al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos operativos con la facción delictiva denominada «Los Chapitos».
Los mecanismos de fiscalización del Congreso mexicano indagan si la activación de estas órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición por parte del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos constituye una medida de presión geopolítica asimétrica. La sincronía de los eventos demuestra que las agencias norteamericanas utilizaron la persecución penal de altos funcionarios sinaloenses de manera paralela al endurecimiento de los controles fronterizos impuestos por la SRE en Chihuahua.
Ante la presión de los requerimientos internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condicionó el desahogo de los procesos de extradición a la presentación de pruebas físicas y documentales sólidas ante la FGR. El gobierno federal mexicano determinó que no se ejecutarán detenciones provisionales basadas únicamente en los testimonios de cooperantes protegidos de las agencias de seguridad estadounidenses, priorizando el principio de presunción de inocencia.
La defensa legal de la gobernadora de Chihuahua, encabezada por el abogado Roberto Gil Zuarth, confirmó la recepción del citatorio ministerial y adelantó que la mandataria acudirá al requerimiento de la FGR bajo protesta. El equipo jurídico estatal argumenta que el convenio tecnológico de la Plataforma Centinela no contraviene el artículo 69 constitucional, y calificó las investigaciones federales de seguridad nacional como una campaña de hostigamiento político centralizado.
El análisis financiero de los fondos asignados a la cooperación binacional en la frontera norte continuará bajo la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación. Las indagatorias buscan corroborar si los contratos de asistencia técnica firmados por administraciones estatales con empresas proveedoras de Texas ocultaron transferencias de recursos financieros prohibidas por los tratados de seguridad vigentes entre ambos países.